La CIDH y su Redesca expresaron este domingo su preocupación por los efectos de la pandemia del covid-19 en Venezuela. Aseguraron que la población afronta una situación de extrema de vulnerabilidad debido a la crisis humanitaria registrada en el país.
En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la OEA, la CIDH recordó que junto con su Redesca han alertado en reiteradas ocasiones sobre el deterioro progresivo del sistema hospitalario en Venezuela.
Denuncian que los centros sanitarios presentan en general una infraestructura inadecuada y escasez de insumos básicos, así como de personal médico calificado.
“Las autoridades de Venezuela tienen la obligación de adoptar medidas serias y exhaustivas de atención y de contención del covid-19; a la vez que los países de acogida deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo”, exhortaron.
La CIDH también enfatizó que gran parte de los hospitales en el territorio nacional no cuentan con los servicios de agua y de electricidad de forma continuada. Además, alertó que tampoco tienen los insumos de higiene y profilaxis, equipos quirúrgicos, material para esterilizar los instrumentos, así como el resto de los enseres requeridos para garantizar un buen sistema de salud.
Aunado a ello, resaltó la persecución, hostigamiento y acoso contra los profesionales de la salud y las personas que protestan por la escasez de insumos y equipos para ofrecer una atención de calidad a los pacientes.
Indicó que el régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido por las medidas cautelares concedidas por la CIDH al Hospital José Manuel de los Ríos y al Hospital Maternidad Concepción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales descartaron la importancia de que el régimen de Maduro sea transparente con la información sobre el covid-19.
“Es indispensable que se produzca información veraz y transparente, sin que haya restricciones indebidas en el acceso a la información relacionada con la pandemia y las acciones de contención”, instaron.
Además, repudiaron la detención de periodistas que informan o cuestionan los datos oficiales sobre la pandemia en el país. Resaltaron que la prensa ejerce una función imprescindible en este escenario, al difundir contenido vital y monitorear las decisiones adoptadas por los gobiernos.
“La Comisión y su REDESCA consideran urgente que los Estados incorporen en sus programas y planes de prevención y asistencia las necesidades de emergencia de los cerca de 5 millones de personas venezolanas fuera de su territorio, entre otros millones de personas refugiadas y desplazadas en la región, que serán especialmente afectadas por la crisis epidemiológica”, concluyeron.
Con información de El Nacional
