Tras avanzar rápidamente y casi sin obstáculos en sucesivos comités, se espera que el proyecto sea votado en el pleno del Senado esta semana.
Un proyecto de “ley antidisturbios” avanza rápidamente en la Legislatura estatal de Florida, de mayoría republicana, y que fue ideado luego que protestas contra el racismo se tornaron violentas y causaron destrucción el año pasado en Estados Unidos.
La iniciativa tiene inconformes a un par de grupos de derechos humanos que han denunciado el lunes ante la ONU la iniciativa de ley que busca sancionar a quienes causen destrucción a la propiedad pública y privada como forma de protesta.
Una coalición de organizaciones de Florida envió una carta al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, para denunciar la ley HB1 propuesta por el gobernador republicano Ron DeSantis, que según afirman “viola” los derechos humanos.
El documento, que pide una declaración de la ONU contra la legislación, está firmado por cinco organizaciones de defensa de derechos humanos y de justicia racial Dream Defenders, Community Justice Project, Movement Law Lab, The Black Collective y Law for Black Lives.
DeSantis, cuyo nombre comienza a sonar como posible presidenciable para 2024, propuso una versión temprana de la llamada “ley antidisturbios” en septiembre, con el fin de proteger “la propiedad pública y privada”, a lo que se ha sumado una serie de apéndices que preocupa a ciertos sectores de la sociedad.
Fue una reacción a las protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd en mayo pasado, cuyo juicio comenzó el mes pasado en Minneapolis–, si bien en Florida las manifestaciones fueron mayormente pacíficas.
Entre otras medidas, la ley HB1 endurece las penas por delitos cometidos durante las protestas, como la agresión a policías u otros uniformados, y establece hasta 5 años de prisión a quienes participen en disturbios o los hayan incitado.
También penaliza a los manifestantes que dañen propiedades históricas con hasta 15 años de prisión y el pago de restituciones. Esta medida es la respuesta a la oleada de derribamientos de estatuas de los héroes confederados que protegieron la esclavitud.
Tras avanzar velozmente y casi sin obstáculos en sucesivos comités, se espera que el proyecto sea votado en el pleno del Senado esta semana. Si es aprobado sin enmiendas, irá a la oficina del gobernador, quien está deseoso de firmarla.
DeSantis “ha utilizado la retórica de la ‘ley y el orden’ del gobierno de Trump para ganar el apoyo de su base de extrema derecha”, dice la carta firmada por las cinco oenegés.
El gobernador corteja esa base “a expensas de los derechos humanos de quienes buscan desafiar la brutalidad policial hacia las comunidades de color”, según las organizaciones.
En la Florida, los manifestantes causaron daños, derribamiento y destrucción en las estatuas.
